La reciente Ley 12/2018, de 26 de diciembre, aprobada en Extremadura refunde en un solo texto la normativa sobre contratación pública. Dicha Ley se centra en la promoción y fomento de acciones y políticas socialmente responsables en materia de contratación pública. Y ello mediante la incorporación de cláusulas de carácter social, de igualdad entre hombres y mujeres y medioambientales, entre otras.
A partir de este momento, los órganos de contratación tendrán en cuenta este tipo de cláusulas, y las incorporarán a sus procesos de contratación.
La referida Ley también determina la forma de acreditar el requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones y deudas pendientes. E incorpora la posibilidad de imponer a la adjudicataria la obligación de obtener certificaciones de calidad de los servicios contratados. Así como cartas de compromisos con los usuarios, cuando el objeto de los contratos lo constituya servicios que reciba directamente la ciudadanía.
Por otro lado, incluye medidas contra la corrupción, cuya finalidad es luchar contra el fraude y el favoritismo, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación.
En definitiva, lo que la nueva Ley promueve es que las empresas licitadoras adopten medidas de compliance o de cumplimiento normativo, premiando aquellas que actúan bajo principios de buen gobierno corporativo.
Ello es una muestra más de que las empresas han de apostar por adecuar su funcionamiento a los sistemas de compliance, con el fin de adaptarse a las nuevas tendencias del mercado. Mercado en el que se valora cada vez más la actuación empresarial responsable.